Los gobiernos europeos, nacionales, autonómicos y municipales tienen la obligación de velar por
los intereses particulares de las personas a quienes representan, especialmente en temas
relacionados con la salud (tanto mental como física) y la educación. Por tanto, lo que manifestamos en este documento es de interés general, amparado por leyes y normativas y así lo
reclamamos.
Punto 1.‐ Exposición del perjuicio y postura al respecto: Multitud de establecimientos ofrecen
supuestos tratamientos curativos, de bienestar, etc., presuntamente indicados para mejorar o
curar problemas físicos o psicológicos, presentados al paciente como terapias alternativas o
complementarias a los tratamientos convencionales que se prestan por consenso de la comunidad científica internacional.
Estas falsas terapias, no avaladas por ensayos clínicos rigurosos, suponen un riesgo que debemos erradicar, elevando la relevancia social del problema a la de otros temas prioritarios como el maltrato a personas y animales o la igualdad de género.
Punto 2.‐ Ámbitos atacados por la pseudociencia: la sanidad, la seguridad, la integridad: La
promoción y práctica de los supuestos tratamientos basados en las pseudociencias ataca
directamente a un derecho logrado con el esfuerzo de muchas generaciones: el derecho a la
sanidad responsable y curativa. Las corrientes pseudocientíficas no satisfacen este derecho, pese a que en su promoción y publicidad dan a entender que lo garantizan al autodenominarse como terapias y tildar sus prácticas de curativas .
Estas corrientes provocan también daños morales y económicos para familiares y para la sociedad.
La seguridad que nos ofrece una sanidad científica, con integridad y profesionalidad, es una
necesidad básica reconocida por las leyes españolas y europeas. Las pseudociencias a tacan este derecho al desinformar, manipular y desprestigiar a la medicina científica de manera clara y sin ningún tipo de tapujos e impedimentos .
Punto 3.‐ Causas por las que se da esta estafa y postura al respecto: Calificamos a la
pseudociencia y sus prácticas de estafa: por una parte, porque se aprovechan de la escasa
preparación del ciudadano medio para diferenciar lo científico y riguroso de lo pseudocientífico,
especialmente cuando lo pseudocientífico se disfraza de tecnológico y científico y se apropia de términos generalmente asumidos como positivos por muchas personas, tales como “ natural,
orgánico, alternativo, sin efectos secundarios...”; por otra parte, porque este tipo de
pseudoterapias y falsos medicamentos se presentan como curativos sin base científica
procedente de ensayos clínicos, pudiendo provocar un perjuicio mediante el engaño, con ánimo de lucro añadido .
Por tanto, no podemos culpar a una población (en su mayoría formada por personas sin
formación científica) a la que se confunde para que caiga en estas redes o siga falsas terapias. El que estas prácticas, productos y pseudoterapias estén libremente disponibles y se promocionen activamente en el mercado se debe a la falta de legislación adecuada o a su incumplimiento por sus responsables. Por ello manifestamos, de manera clara y rotunda, la necesidad y obligatoriedad de que se lleven a cabo sin demora las acciones necesarias por parte del poder legislativo, judicial y ejecutivo para garantizar nuestros derechos ciudadanos.
Manifestamos la repulsa a que el respeto a la libertad de expresión ampare estas estafas que
ocurren en lugares públicos o privados en forma de charlas, conferencias, talleres, etc.
Manifestamos que, por encima de la libertad de expresión, está el derecho a la información veraz y a la no manipulación (que impide libertad alguna), el derecho a la seguridad sanitaria y el derecho a la salud .
Punto 4.‐ Base Jurídica que nos ampara, y la exigencia de su cumplimiento: El artículo 20 de la Constitución garantiza la libre expresión de ideas y opiniones, pero también el derecho a recibir información veraz. Cuando un charlatán afirma sin rigor científico que una terapia, una planta, un medicamento o un compuesto determinado sirven para curar o tratar una enfermedad no está opinando, está informando. Si dicha información no es veraz, se está conculcando un derecho básico del individuo .
Por otra parte, el artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y
obliga a los poderes públicos a tutelarla y a fomentar la educación sanitaria. A su vez, el artículo 51 establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, entre otras cosas, su seguridad y salud. Las informaciones falsas y las afirmaciones pseudocientíficas sobre métodos de salud, terapias o tratamientos atentan contra esos derechos y los organismos públicos deben perseguir su difusión e impedir su práctica
Además, a cualquier producto que se presente dotado de propiedades terapéuticas y preventivas
de enfermedades de todo tipo (infecciosas, tumorales, degenerativas…), le corresponde la
consideración legal de medicamento según se define en el artículo 8.a de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Es ilegal, por tanto,la presencia en el mercado de cualquier producto de este tipo que no haya sido objeto de evaluación y autorización previa a su comercialización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, como consta en el Real Decreto 520/1999, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española del Medicamento y el artículo 9.1 de la Ley 29/2006, de 26 de julio.
Punto 5.‐ Calidad de nuestros fines y exigencias: La sociedad en general no tiene por qué saber diferenciar entre ciencia y pseudociencia, y nuestros políticos, jueces u otros cargos de
responsabilidad que surgen de esta misma sociedad, tampoco. Sabemos que muchas de estas
charlas y prácticas pseudocientíficas y la venta de productos no testados como curativos se
consienten por desconocimiento. Por ello, manifestamos la necesidad imperiosa y urgente de que todo dirigente político y legislador, o responsable de cualquier cargo de sanidad, cultura,
bienestar, seguridad o ámbitos que cubren necesidades básicas de la persona, cree grupos de
trabajo autoformativos para que las decisiones de autorización o no de charlas se hagan por
personas con formación adecuada .
En conclusión, si hay voluntad comunitaria y de respeto hacia la ley y la salud del pueblo
solamente cabe una postura: que se hagan cumplir las leyes existentes y que se creen las
necesarias para erradicar totalmente el problema, que se forme sanitaria y científicamente a las personas responsables para que sepan diferenciar lo que es ciencia y pseudociencia, o que tengan asesores cualificados para tomar decisiones que protejan la salud y la información veraz, y que para autorizar charlas relacionadas con la salud o permitir que establecimientos no sanitarios oferten y vendan pseudoterapias, dejen de escudarse en la libertad de expresión y basen su autorización en su veracidad y autenticidad científica.
Exigimos expresiones e informaciones veraces, científicas y contrastadas. Manifestamos nuestra disconformidad por la falta de medidas por parte de los diferentes gobiernos ante este grave problema de salud pública. Tenemos la firme voluntad de llevar a cabo las acciones, actos, manifestaciones, reclamaciones y denuncias necesarias para erradicar toda esta desinformación, que deliberadamente se disfraza de curativa.